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El Rey Juan Carlos FOTO - Europa Press
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La Fiscalía archiva las diligencias de investigación sobre la fortuna del Rey Juan Carlos I

Don Juan Carlos I ha estado en boca de todos durante los últimos años, de hecho, su salida de España estuvo motivada por todas las informaciones de presuntas irregularidades que salieron a la luz y de las que hoy ya tenemos una resolución judicial.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna del Rey emérito Juan Carlos I. De esta manera, las investigaciones referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey, quedan archivadas.

El emérito ya no tiene ninguna causa pendiente y ahora el objetivo está puesto en la posible vuelta de Don Juan Carlos I a España, país del que lleva distanciado desde agosto de 2020 cuando decidió marcharse a Abu Dabi para desviar estas informaciones de la figura del actual Rey Felipe VI.

La primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios (derivado de la forma en la que se produjo en 2011 la adjudicación de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca). Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros, ordenado por el Rey de Arabia Saudía en la cuenta de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I sería su titular real.

La Fiscalía indica que dichos fondos recibidos son cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2011, estaría extinguida por la prescripción del delito y la del 2012 no sería susceptible de reproche penal debido a su inviolabilidad. También ha descartado comisión por el ave a La Meca, ya que no ha podido establecer vinculación alguna entre los 64,8 millones y la adjudicación del AVE.

En cuanto a la segunda línea de investigación, las transferencias de Allen Sanginés entre 2016 y 2019 al emérito, los fiscales aseguran que “no hay constancia de contraprestación”. Se trata de “actos unilaterales efectuados a título lucrativo” y que, por tanto, “son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones” regulados por la ley.

La tercera línea de investigación, referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales, el Ministerio Público afirma que los fondos con los que se creó JRM, “tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español”, si bien al mismo tiempo explica que “lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho ‘trust’ en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación” entre ese dinero y el emérito.